lunes, 23 de septiembre de 2013

LA FALACIA DE LA LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES

A primeros de agosto el Consejo de Ministro nos presentó y comenzó con la tramitación del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP), y ahora a finales de septiembra termina el plazo para las alegaciones al documento. Con esta nueva Ley pretenden regular el campo de los servicios profesionales, y a la vez, de los organismos con que hasta ahora se han venido articulando, es decir, los Colegios Profesionales.

Pese a que el Anteproyecto que se nos presenta es bastante menos demoledor que las diversas filtraciones que corrieron por las redes desde el verano de 2012, el panorama que nos ofrece es cuando menos inquietante.

Lo triste es que se nos ha avisado durante de años que teníamos que ordenar “nuestra casa”, nuestros Colegios. No lo hicimos y ahora va a venir otro a hacerlo, y quizás luego no nos guste donde pone las cosas, o lo que es peor, no las encontremos.


Esta ley tiene cosas buenas, pero viene con algunas muy malas. Haciendo un símil, es una paella con muy buena pinta, pero pasada de sal. No hay quién se la coma.

Es cierto que el sector necesita de una liberalización real de los Colegios y de una modernización de éstos. El problema es que escudados en ello lo que se pretende es realizar una desregulación de los mismos, no en aras de una mejora para el ciudadano, sino para un mas fácil desembarco de oportunistas que monten su chiringuito a costa de un sector que crea un gran porcentaje de la riqueza nacional.

El sector, tal y como se índica en la propia Exposición de Motivos de la futura LSCP, representa el 9% del PIB con tan solo el 6% del empleo total (siendo el componente mano de obra el 90% de los costes productivos), y es el refugio del 30% del empleo universitario del país.

Aunque con toda seguridad se podría optimizar la productividad, no estamos ni por asomo ante un sector con problemas en este sentido.

Según la citada exposición de motivos, con la LSCP se quiere “garantizar el interés general de la forma menos restrictiva posible, con el consiguiente efecto positivo en términos de productividad, competencia y asignación eficiente de recursos”, ya la vez evitar “la conflictividad entre profesionales”, y se supone que todas estas reformas “se traducirán en un crecimiento del empleo y del PIB potencial”. “Así lo han entendido diversos organismos internacionales, como la OCDE, el FMI o la UE, que vienen recomendando desde hace algún tiempo una reforma profunda de la regulación de los servicios profesionales en nuestro país, como vía para garantizar incrementos de competitividad y crecimiento”.

Como no conozco bien otros sectores, y para no meterme en camisas de once varas, a partir de aquí quiero centrar todas mis argumentaciones en la parte que me preocupa a mi y a mis lectores, en lo que concierne a la Edificación y a la Ingeniería.

Al menos en lo que concierne a este campo (la Ingeniería y la Edificación), la LSCP está llena de FALACIAS, o sea, de argumentos que parecen validos, pero que no lo son.

Desmontemos estas falacias.

La Productividad: Los honorarios que hoy en día se cobran por los trabajos son en algunos casos hasta 10 veces menos que hace 5 años, y 5 veces menos que hace 10. Los pocos profesionales que aún en día siguen teniendo ingresos suficiente para vivir de esto, hacen 4 o 5 veces mas trabajos que antes de la crisis, y cobrando casi la mitad. La productividad ha aumentado notoriamente, hasta el punto que el que no ha sido capaz de hacerlo está ahora fuera de mercado.

La Competencia: Pongamos el ejemplo de los Arquitectos, que sería igualmente extrapolable a los Aparejadores o los Ingenieros. Según algunos estudios, actualmente hay en España unos 50.000 arquitectos colegiados y subiendo (se espera que sean 80.000 en 2.020). Deberíamos tener aproximadamente un arquitecto cada 3.000 habitantes, por lo que con la población actual, encima a la baja, el máximo de arquitectos que es capaz de soportar el país es de unos 15.000. No es un problema de competencia. En este momento tenemos 3 veces mas técnicos de los que necesitariamos en una situación normal. Con la crisis ya ni te cuento.

La Asignación Eficiente de Recursos: El principal recurso que consume los Servicios Profesionales es la mano de obra. No se trata de cualquier mano de obra, se trata de una mano de obra muy cualificada, con fomación universitaria, orientada precisamente al desarrollo profesional en el marco de la prestación de estos servicios. La formación de estos técnicos le ha costado al país una media de 35.000 € por cada uno (el 90% dinero publico). Si estos profesionales no pueden desarrollar su trabajo no les quedara otra que trabajar en otros sectores (malgastando en parte o por completo esta formación), en empleos por debajo de su cualificación (con idéntico resultado), o emigrando al extranjero (con lo que terminamos por regalar la inversión realizada). Lo que se pretende ganar se derrochará entre el capital humano que perderemos, y lo que nos costó formarlos. Frente al ahorro que presumiblemente producirá la ley en el sector, que ni en las previsiones mas optimistas supondrá mas de de 350 millones de euros al año, perderemos 3.500 millones en formación que se marchará por los aeropuertos. Estamos perdiendo una oportunidad de oro para exportar servicios en vez de "regalar" personal altamente cualificado.

La Conflictividad entre Profesionales: En el campo de la Ingeniería y la Edificación los principales conflictos se han dado históricamente en el segundo de ellos, el campo de la ingeniería siempre ha sido de los ingenieros con presencia residual de las otras profesiones, y el de la edificación compartido entre arquitectos, aparejadores, y residualmente ingenieros. La promulgación de la Ley de la Ordenación de la Edificación, supuso el pacto de un “status quo”, que trajo consigo la práctica desaparición de dicha conflictividad. La conflictividad solo se reaviva con la filtración de “supuestos anteproyectos” en los que se beneficiaba a un colectivo concreto (el de los ingenieros) en deprimento de los otros. No es el marco regulatorio actual el que reaviva el conflicto, sino el anuncio de un nuevo marco que rompe el consenso establecido.

La Petición de Organismos Internacionales: Los organismos han pedido una reforma profunda de la regulación, y eso no es lo mismo que una desregulación. Se pretende aumentar la competitividad y el crecimiento. Como ya hemos demostrado en los puntos anteriores no tenemos un problema de competitividad (en el sector sobran no menos de 100.000 titulados), y no se puede incentivar crecimiento alguno en las condiciones en que se encuentra el mercado en la actualidad, con honorarios que no cubren ni los costes mas esenciales, consecuencia precisamente del exceso de oferta. Ni siquiera se puede esgrimir una ventaja para los consumidores, pues precisamente la excesiva competencia comentada, que ha provocado la citada bajada de precios, trae como consecuencia que para subsistir muchos técnico tengan inexorablemente que recurrir a una menor dedicación, que trae tristemente en muchas ocasiones una bajada de la calidad final del servicio ofrecido.

Como hemos demostrado, la ley se basa en la gran falacia de mostrar como ciertos unos argumentos que cuando menos son de dudosa certeza.

El sector no es improductivo, esta sumido en una competencia casi cainita, el país puede perder muchísimo mas de lo que supuestamente se afirma ganará, no existían problemas graves entre los profesionales del sector antes de los toques de trompeta regulatorios del gobierno, lo que se pretende no es modificar la regulación tal y como dicen los organismos internacionales, sino eliminar totalmente la misma, y nadie, ni los técnicos que ofrecen los servicios, ni el país que los formas, ni los clientes que los contratan, sale ganando con esta nueva ley.

La pregunta del millón, cuya respuesta es obvia es ¿quiénes salen ganando con esto? …. Exactamente, los mismos de siempre.


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